¿Qué pasa en #Venezuela? #LaPatriaEnMovimiento

Por Embajada venezolana en España

Durante las últimas semanas se registra un incremento sostenido y articulado en las acciones de desestabilización contra el Gobierno y el pueblo venezolano: mayor injerencia de la derecha internacional (desde el Departamento de Estado de EEUU, la Organización de Estados Americanos –OEA; y algunos gobiernos latinoamericanos y europeos); la utilización de la Asamblea Nacional (AN) para intentar deslegitimar al poder Ejecutivo; la intensificación del uso de la violencia callejera y los medios masivos de difusión, para generar crispación social y desprestigio internacional del Gobierno.

-Los recientes hechos de violencia promovidos por la oposición venezolana y alentados por la derecha internacional, han arrojado como saldo 7 personas fallecidas (entre el 6 y el 12 de abril), la reedición de mecanismos de terrorismo callejero como la colocación de alambres de acero para degollar motorizados, incendio a entidades públicas, etc. –con un coste aproximado hasta ahora de 50 mil millones de bolívares- . Los cuerpos de seguridad ciudadana han actuado impecablemente, bajo la directriz de mantener un riguroso apego a la Constitución y normativas de protección a los Derechos Humanos, evitando todo tipo de provocaciones, y limitándose a controlar a sectores exaltados o que actúan directamente fuera de la legalidad, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población. Las instituciones del Estado han actuado con celeridad y firmeza en los pocos casos de acción irregular en que se han visto implicados funcionares de los cuerpos de seguridad ciudadana.

-En Venezuela no hubo ni hay un autogolpe de Estado. La AN no ha sido disuelta en ningún momento y sus competencias siguen vigentes. En Venezuela el Poder Público Nacional está dividido en 5 ramas: poder Legislativo, poder Ejecutivo, poder Judicial, poder Ciudadano y poder Electoral. Debido a que la AN (poder Legislativo) se encuentra en desacato judicial y la mayoría opositora insiste en sabotear la labor de Gobierno (poder Ejecutivo), promover golpes parlamentarios, así como en llamar a una intervención internacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (Poder Judicial) se ha pronunciado, dentro de sus competencias constitucionales, para garantizar el equilibrio institucional y la estabilidad. (Los órganos del Poder Público constitucionalmente están obligados a cooperar con el Ejecutivo para el logro de los fines del Estado y sus discrepancias cuentan con mecanismos claros para ser resueltos sin amenazar el orden constitucional).

-Todos los partidos políticos, incluyendo los opositores, siguen operando en el país e internacionalmente con plenas garantías y libertad, hecho que puede corroborarse ampliamente en la prensa venezolana e internacional.

-Como en otras democracias del mundo, en Venezuela se fiscaliza la labor de los entes y personas jurídicas del sector público, aplicándose, en los casos que se detectan irregularidades, las sanciones que establece la Legislación. La Contraloría ha inhabilitado desde el 2001 a más de 1000 personas, incluyendo a ciudadanos de todas las tendencias políticas. La Contraloría se rige por las competencias que le asigna la Constitución (art. 289), así como por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, aprobada en 2001 por unanimidad (con apoyo de la oposición).

-Pese a la intensa campaña mediática en contra, según las últimas encuestas, 55% de la población prefiere que el Gobierno del presidente Maduro tome medidas para resolver los problemas económicos del país, mientras que 42% prefiere un gobierno de oposición.

-El gobierno del presidente Maduro, sigue haciendo un llamado para que impere el respeto a la soberanía de los pueblos y al diálogo como método de resolución de cualquier controversia.

¿Qué está pasando en Venezuela?

Parte II. Destacados cronología últimas semanas.

Desde que en diciembre de 2015 la oposición, agrupada en torno a la Mesa de la Unidad (MUD), ganara las elecciones parlamentarias y obtuviera la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), vociferó que su objetivo desde esta institución era derrocar al presidente Maduro (en seis meses) y poner fin al proyecto revolucionario iniciado por Hugo Chávez en 1998. La dirigencia opositora en la AN persiste en mantenerse en situación de desacato judicial, impidiendo ex profeso el funcionamiento equilibrado de los Poderes Públicos que debe imperar en todo Estado democrático. Esa misma dirigencia insiste en desconocer el marco Constitucional, promoviendo intentos de golpe de estado parlamentarios, llamando a la intervención extranjera; y bloqueando las medidas ejecutivas para contrarrestar la crisis económica que atraviesa el país.

A continuación, se resumen los hechos más significativos de la situación política venezolana entre marzo y el 17 de abril de 2017 (con fuentes de verificación):

Destacados abril:

Durante los últimos días de marzo y los primeros de abril, voceros de la oposición como los diputados Luis Florido, William Dávila y Julio Borges, así como el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, realizaron giras internacionales en las que se reunieron con representantes de la derecha regional, especialmente en Washington, para coordinar maniobras injerencistas.i
El 1/4, la MUD redobló las convocatorias para generar focos de violencia en la capital, para ayudar a justificar alguna intervención internacional. El 2/4, el vocero del ultraderechista partido Voluntad Popular (encabezado por Leopoldo López), Freddy Guevara, llamó a movilizarse el 4/4 para exigir la destitución de los magistrados que conforman la Sala Constitucional del TSJ.ii El 4/4, el TSJ emitió un comunicado en el que aclara que “el artículo 265 de nuestra Constitución expresamente demanda la concurrencia de dos de las ramas del Poder Público para proceder a la remoción de los Magistrados y Magistradas del TSJ, previo procedimiento de calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano”.iii
El 3/4, 17 países miembros de la OEA aprobaron un documento contra Venezuela, en una sesión que para realizarse dependió de un golpe institucional inédito a la presidencia del Consejo Permanente de la organización. Este documento ilegal instrumentaliza las sentencias 155 y 156 del TSJ venezolano (emitidas el 28 y 29 de marzo respectivamente), descalificando la aclaratoria de las mismas realizada por el propio órgano el 1/4/17, ante una controversia interpretativa con el Ministerio Público. De esta forma se urge al Gobierno a garantizar condiciones democráticas que están plenamente vigentes, poniendo una vez más en evidencia que las actuaciones injerencistas contra Venezuela no atienden a fundamento alguno.iv v El objetivo de realizar esta reunión a toda costa, incluso violentando la propia normativa de la OEA, era emitir el mencionado pronunciamiento, que no sólo genera más presión mediática e internacional, sino que da un paso más en la hoja de ruta de la derecha que busca aplicar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.
El mismo 3/4, la Canciller argentina, Susana Malcorra, haciendo un uso arbitrario de su posición en el Mercosur, afirmó que era necesario que en el marco de la OEA se “tutelara” a Venezuela y que al presidente Macri le parecía que la aplicación de la cláusula democrática era “perentoria”.vi La Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, respondió ante esta grave agresión el 5/4, ratificando que “Venezuela no está bajo tutelaje de ninguna organización, ni de ningún Estado foráneo”.vii
El 5/4, sectores de la oposición, volvieron a promover actos de violencia terrorista, como los que emplearon en 2014 en su llamado a “La Salida”, que provocó la muerte de 43 personas.viii
El 6/4, el jefe del comando sur de EEUU, Almirante Kurt Tidd, amenazó (una vez más) con una eventual intervención sobre Venezuela, como se recoge en el informe que presentó ante el Comité de Servicios Armados del Senado.ix En comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Venezuela, rechazaron dicha injerencia y alertaron “a la comunidad internacional que está en marcha un plan para socavar la soberanía e integridad territorial de Venezuela, contraviniendo la Carta de las Naciones Unidas y sus principios y propósitos”.x
El 6/4, la oposición convocó movilizaciones de calle, en las que se detectó el uso de las señaladas estrategias de violencia. Ese mismo día, las autoridades venezolanas revelaron detalles sobre laplanificación de acciones terroristas callejeras, incluyendo la contratación de 98 mercenarios para tales fines, en coordinación con algunos partidos políticos opositores, en particular Primero Justicia y Copei.xi xii Uno de los implicados declaró que contaba con 32 kilos de explosivos C-4, y que estaba esperando recibir más, para instigar hechos violentos.xiii
El 7/4, la Contraloría General de la República, máximo órgano de control sobre la administración del patrimonio público, conforme al artículo 287 de la Constitución, informó de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 15 años, previo cumplimiento de procedimiento administrativo –en el que se le ha venido garantizando  el derecho a la defensa y el debido proceso—, del ciudadano Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda. La inhabilitación se debe a que incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador los años 2011, 2012 y 2013, incluyendo la realización de convenios de cooperación internacional, sin autorización del Consejo Legislativo del estado. La ejecución de esta sanción surtirá efecto a partir de que Capriles termine su mandato como gobernador.
El 9/4, el presidente Nicolás Maduro volvió a recordar que la convocatoria de elecciones no depende del Poder Ejecutivo, sino del autónomo Poder Electoral (que en este momento se encuentra en pleno procedimiento ordinario de regularización de los partidos políticos para las elecciones regionales y municipales). En ese sentido, señaló que “estoy ansioso que se convoquen las elecciones regionales”.xiv
El 10/4 el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump en EEUU, emitió un comunicado en el que urge “al presidente Nicolás Maduro a que reconsidere la decisión de inhabilitar a Capriles”.xv A partir de este pronunciamiento, gobiernos sumisos a EEUU se pronunciaron en tono similar.
El 8/4, la oposición volvió a convocar manifestaciones de calle. Sus dirigentes, como Freddy Guevara o Henrique Capriles, incluso instruyeron a sus seguidores a dirigirse hacia zonas de Caracas en las que se desarrollaban convocatorias afines al gobierno, para provocar confrontaciones entre la población.xvi xvii De nuevo desarrollaron acciones de violencia, entre ellas, quemar y destrozar la sede de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.xviii Posteriormente (el 16/4), el presidente Maduro, previa autorización del Ministerio Público, mostró pruebas que revelan que los autores de los destrozos tenían el objetivo de causarlos.xix
El 8/4, el dirigente de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo de Caracas, David Smolansky, y el dirigente de Primero Justicia, José Manuel Olivares, publicaron en sus cuentas twitter mensajes irresponsables, buscando confundir a la opinión pública internacional, sugiriendo que el gobierno estaría usando armas químicas.xx xxi Estos mensajes los lanzaron un día después del ataque de EEUU a Siria, bajo el argumento de que en ese país el gobierno había usado armas químicas.
Entre el 6 y el 12/4, la instigación de parte de líderes de la oposición al uso de la violencia en las protestas de calle en algunos lugares del país, arrojaron un saldo de 7 personas fallecidas. Es de suma importancia observar el uso mediático manipulado que se ha venido haciendo de estos lamentables hechos:
El 6/4, Jairo Ortiz murió en las inmediaciones de una protesta en el estado Miranda (gobernado por Henrique Capriles), a causa de un disparo efectuado por un efectivo de tránsito que no formaba parte del operativo de control del orden público. El funcionario Rohenluis Leonel Mata Rojas fue detenido en el lugar la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fiscalía le imputó el delito de homicidio.xxiiEl ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, inmediatamente aclaró que dicho funcionario “actuó por cuenta propia, ya que la naturaleza de las funciones que desempeña (servicio de tránsito), no se corresponde con las funciones de orden público, ni se encuentra formado en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial”.xxiii A pesar de estar confirmado que Ortiz no participaba en la protesta y que Mata no le disparó en el contexto de la misma, la derecha y los medios de masas sostienen que su muerte fue producto de una supuesta orden de Maduro de reprimir las manifestaciones opositoras.
El 10/4, fue asesinado Daniel Queliz, en el estado Carabobo. Se confirmó que la bala fue disparada por el arma de un policía de esa localidad. El 12/4, por este delito, ya cinco efectivos policiales fueron entregados a las autoridades judiciales.xxiv El diputado Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular, acusó de esta muerte al Gobierno Nacional.
El 10/4, Ricarda Lourdes González, de 83 años, residente en Caracas y enferma de hidrocefalia, problemas del corazón y cáncer de piel, sufrió complicaciones de salud que llevaron a su fallecimiento. Sus familiares no pudieron trasladarla a un centro de salud porque manifestantes opositores tenían las calles bloqueadas. Voceros de la oposición emprendieron una campaña en redes sociales afirmando que su muerte se produjo por la inhalación de gases lacrimógenos que llegaban desde la calle, extremo desmentido por la hija de la persona fallecida, quien afirmó que en su caso no se sintió ningún efecto de los gases lacrimógenos.xxv
El 11/4, una pareja de motorizados asesinó de un disparo en la cara a un comerciante, Oliver Villa Carmargo, quien minutos antes había evadido una barricada que habían instalado los grupos opositores violentos en la urbanización El Paraíso de Caracas.xxvi
El 11/4, fue arrollado por un vehículo en los alrededores de una protesta Jey Amaro, funcionario de la policía del estado Lara. El 12/4, falleció. No es el primer policía atropellado en una protesta opositora.
El 11/4, Antonio Gruseny Calderón, murió en el Hospital Central Universitario de Barquisimeto por las graves heridas ocasionadas el martes 11 de abril durante una protesta. Fue asesinado de un tiro a quemarropa de aproximadamente 50 centímetros de distancia. A pesar de que los hechos están en pleno proceso de investigación, el 13/4 Henrique Capriles escribía en su cuenta de twitter: “Otro joven asesinado! Otra familia enlutada x ambición ciega de narco corrupta cúpula madurista! Toda la solidaridad a nuestra gente en Lara”.xxvii
El 12/4, Brayan Principal, de 14 años, fue asesinado por piquetes violentos que acechaban la ciudad socialista Alí Primera, construida por la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Lara. Alfonso Marquina, diputado opositor, tuiteó que Principal fue atacado por grupos afines al gobierno del presidente Maduro, pero los vecinos y allegados del menor lo desmintieron el mismo día a través de redes sociales y medios de comunicación. Vecinos aseguraron que ese día, el urbanismo sufrió el asedio de pistoleros encapuchados cerca de las 9 de la noche, y efectuaron disparos contra sus habitantes.xxviii
El 10/4, la XV Reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), concluyó con un manifiesto de la organización titulado “Defendamos la soberanía, la independencia y la paz de Venezuela y de toda Nuestra América”, en el que entre otras cosas, condena “la injerencista, ilegal y pro imperialista conducta del Secretario General de la OEA (…) Repudiamos los intentos de la OEA de resucitar contra Venezuela, bajo falsas acusaciones de “amenazas a la paz y la estabilidad colectivas”, y mediante criterios politizados y sesgados, los discursos y prácticas injerencistas que en el pasado condujeron a agresiones, invasiones y ocupaciones militares de países y a crueles dictaduras en el hemisferio”.xxix
El 12/4, el Secretario General de la OEA, en uno de sus tuits contra Venezuela, sostenía: “Día tras día represión aumenta en #Venezuela. No podemos aceptar que el régimen sacrifique vidas xa perpetuarse en el poder”.xxx El 13/4, en Miami, Almagro recibía la “Orden Rómulo Betancourt del Exilio venezolano”.xxxi El acto fue encabezado por un ex militar venezolano acusado de terrorismo, José Antonio Colina (junto a Germán Varela, huyó a EEUU en 2003 luego de ser solicitados por el Ministerio Público, por la colocación de bombas en el edificio Caracas Teleport, en el consulado de Colombia, y en la embajada de España en Caracas).xxxii
El 16/4, el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, férreo opositor al proceso de paz en su país, envió una carta al Congreso de los EEUU en la que afirma sin ningún pudor que “Venezuela necesita remover a Maduro y su régimen y adoptar el estado de derecho con un fuerte sector privado para superar la pobreza”.xxxiii
En alocución pública el 16/4, el presidente Maduro señaló que los daños físicos ocasionados hasta ahora por los hechos de violencia instigados por la derecha ascienden aproximadamente a 50 mil millones de bolívares.xxxiv También insistió en que el diálogo es el único camino para resolver las diferencias políticas en el país: “Le hago un llamado a la oposición para que abandone los caminos de la violencia”.xxxv
El 16/4, la consultora Hinterlaces publicó su estudio Monitor País: 61% de los venezolanos no confía en que un Gobierno de la oposición pudiese resolver los actuales problemas del país. 55% de la población preferiría que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro tome medidas efectivas y resuelva los problemas económicos del país, mientras que 42% preferiría que viniera un Gobierno de Oposición.xxxvi

Destacados marzo 2017:

El 4 y 5 de marzo comenzaron las jornadas de renovación de militantes de las organizaciones con fines políticos convocadas a tal fin.xxxvii [A este proceso deben acudir las 59 organizaciones que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1% de los sufragios emitidos en dichos comicios. Deben recolectar el 0,5% de manifestaciones de voluntad, en 12 entidades federales –de 24 en total— escogidos por sus líderes].xxxviii Hasta el 26/3 se habían recibido los datos de partidos como Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) o Acción Democrática (AD).xxxix El CNE ha ratificado el funcionamiento correcto del sistema y partidos de la oposición como VP o PJ han hecho pública su confianza en que han sobrepasado las exigencias de la normativa.xl En el caso de AD, destacó en la prensa que se registrará como militante la madre de Leopoldo López (líder de VP), enjuiciado y detenido por su responsabilidad en los hechos de violencia con fines políticos que dejó decenas de muertos y centenares de heridos en 2014, a petición de su hijo “por la colaboración” que le ha prestado AD.xli
El 5/3, se reunieron en Caracas representantes de los gobiernos de los 12 países de América Latina y el Caribe que integran el ALBA-TCP. En la Declaración de esta XIV Cumbre de la organización, entre otros acuerdos, se exigió que Washington levante las arbitrarias sanciones contra Venezuela y se reprobó el carácter intervencionista de la OEA y la conducta de su Secretario General. xlii
El 14/3 Almagro, en alineación con el ultraderechista partido que lidera Leopoldo López, difundió un informe en el que exige de nuevo la activación de la “Carta Democrática” contra Venezuela y exhorta a que se convoquen “elecciones generales [esta figura no existe en Venezuela] completas a la mayor brevedad”.xliii
El 20/3 Almagro realizó en la sede de la OEA una insólita rueda de prensa con esposas de ciudadanos venezolanos sometidos a penas de cárcel por responsabilidades en hechos violentos. La Misión venezolana ante la OEA denunció el acto como “proselitista” y anunció que pedirá al Consejo Permanente consultas con los 34 Estados miembros para analizar esta la conducta “deplorable”.xliv
El 20/3 el TSJ declaró la constitucionalidad de la prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica dictado por el presidente Maduro una el 13/3, al tiempo que sentenció que era nulo el acto de la AN en el que se desaprobó este documento. Este decreto es el instrumento que permite al Gobierno atender las necesidades del país en la compleja coyuntura actual de Guerra Económica, saboteo de la mayoría opositora en la AN y bajos precios del petróleo.xlv
El 21/3 la mayoría opositora en la AN aprobó un proyecto de acuerdo llamando a la aplicación la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, intentando obtener el respaldo de otros países del continente en el seno de la OEA para tal fin.xlvi
El 23/3 se conoció que México, actuando como peón de Estados Unidos, impulsó en el seno de la OEA una declaración injerencista y violatoria del Estado de Derecho venezolano, que sólo suscribieron un grupo minoritario de países, 14 de los 34 que componen la OEA.xlvii
El 28/3 la Sala Constitucional del TSJ venezolano declaró nula (Sentencia Nº 155) la petición del 21/3 de la activación de la Carta Democrática por parte de la AN “por inconstitucional” y ordenó “en el marco del Estado de Excepción y de la omisión legislativa continuada por parte de la AN”, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y la convivencia pacífica.xlviii
El 28/3 en un debate de la OEA la derecha regional no logró imponerse, ni se activó mecanismo alguno contra Venezuela. La prensa destacó que 20 países de la OEA aprobaron una declaración para que ésta concrete “una hoja de ruta” con el fin de “apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho”, así como el diálogo, en Venezuela. Los países en cuestión fueron: Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Jamaica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Barbados, Trinidad y Tobago y Guyana. Según reconoció el diario El País, en los últimos días el Gobierno estadounidense presionó fuertemente a los países caribeños para que sumaran su apoyo a una declaración más agresiva.xlixSin embargo, estos países insistieron en la renovación del diálogo entre Venezuela y la oposición, y recalcaron con mayor ímpetu su respeto por la soberanía nacional y la no-intervención del país bolivariano. La declaración alcanzada es vaga en su alcance y metodología, apoya el diálogo y no intenta la fijación de un calendario electoral, ni mantiene la solicitud de que se liberen a los supuestos presos políticos, como pretendían en su borrador de declaración el mencionado grupo minoritario de países comandados por EEUU.l
Cabe notar que el 28/3 la alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, señaló, en una carta escrita, que la organización de elecciones “justas e inclusivas” y la liberación de “los opositores políticos detenidos” en el país eran pasos “esenciales” para garantizar el orden democrático y “contribuir a la estabilización del país”. Llama la atención que la misiva respondía a una carta que la funcionaria había recibido de una eurodiputada el 16/2/17, reclamándole por no haber respondido otra misiva enviada en agosto por un grupo de eurodiputados de la derecha. Se trató de una forma de presión de cara al debate que horas después se desarrolló en la OEA.li
El 28/3 en Caracas, se desarrolló una multitudinaria marcha en rechazo a la OEA, por sus acciones intervencionistas contra nuestra nación.lii
El 29/3 el TSJ emitió una sentencia (Nº 156) en la que establece que el Ejecutivo no tiene impedimento para la conformación de empresas mixtas, dada la situación de desacato en la que permanece la AN y las reiteradas acciones de la mayoría opositora en este órgano para bloquear decisiones fundamentales para la recuperación de la economía nacional.liiiliv
El 1/4/17, el TSJ (poder Judicial), en consideración al exhorto efectuado por el Consejo de Defensa Nacional (instancia prevista en el artículo 323 de la Constitución que incluye al Presidente de la República, al Vicepresidente Ejecutivo, al Presidente de la Asamblea Nacional, al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al Presidente del Consejo Moral Republicano y a varios ministros), ante las diferencias de interpretación expresadas por el Ministerio Público (poder Ciudadano), procedió a aclarar las decisiones 155 y 156, dejando claro que seguían vigentes las competencias de la AN y que no se afectaba la inmunidad parlamentaria.lv
Desde el 30/3 aumenta la presión internacional tratando de justificar una intervención. Estados Unidos denuncia la “ruptura de las normas constitucionales y democráticas”.lvi Almagro denuncia un autogolpe y dice que es urgente convocar a una reunión del Consejo Permanente de la OEA, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.lvii Por otra parte, el gobierno de derecha de Perú retira a su Embajador.lviii Desde España, el 31/3 Rajoy sugiere que se ha roto el orden constitucional, otros políticos de la derecha española y sucedánea se hacen eco.lixTambién se pronunció en esa línea la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini. lx

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