El presidente chileno, Sebastián Piñera, promulgó el jueves la nueva ley de control de armas que busca aumentar los requisitos para adquirir y tener armas de fuego. Sigue leyendo
Andrés Allamand, canciller de Chile. Foto: Europa Press.
El canciller de Chile, Andrés Allamand, dijo que en Cuba hubo “represión” luego de las protestas del pasado 11 de julio en la Isla, catalogadas de “pacíficas” por el ministro chileno. Sigue leyendo
Tomado de YOUTUBE.
La Covid 19 trajo un impasse en las protestas contra el gobierno del presidente Sebastian Piñera que estallaron con gran fuerza en octubre pasado. Sin embargo, poco a poco los chilenos han retornado a las calles para hacer valer sus derechos. Sigue leyendo
La violencia de género continúa siendo una constante en el mundo de hoy. De acuerdo con la OMS , Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de acción psicológica o física contra su integridad.
La fluida aprobación parlamentaria del Plan Económico de Emergencia de Piñera, tal que ahora es ley de la República casi sin siquiera haber sido noticia, entrelaza varios significados, en distintos planos.
Mientras las fuerzas represivas en Ecuador se enfrentaban al pueblo que se manifestaba contra las medidas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno, mientras los cuerpos de seguridad asesinaban, torturaban y secuestraban a los participantes en la protesta, la televisión ecuatoriana transmitía muñequitos de Bob Esponja. Todo intento por presentar la verdad era censurado.
Grupos violentos aparentemente desorganizados y espontáneos actuaban. Su objetivo: sembrar el caos, criminalizar las protestas y justificar la acción homicida de las fuerzas de seguridad.
En Chile el pueblo luego del letargo cultivado con esmero por los medios de comunicación y abonado por años de terror, despertaba. Los hijos de Lautaro, Caupolicán y Allende desafiaban a las fuerzas de seguridad. El 14 de octubre de 2019, los estudiantes secundarios y universitarios se organizaron para evadir masivamente el pasaje del metro de Santiago. La razón, una protesta al alza en el valor del pasaje, pero era solo el inicio, era apenas una chispa. Ante la verdadera situación de desigualdad creada por el neoliberalismo en ese país, la protesta se radicalizó y se generalizó.
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Bajo una fuerte represión, las manifestaciones continúan en Chile a un mes de iniciarse el estallido social en reclamo de mejoras sociales que solo reciben tibias respuestas del gobierno para apaciguar el malestar popular.
Desde que se produjo el estallido social el 18 de octubre, el país ha vivido innumerables sucesos, con protestas sociales casi constantes, la declaración del estado de excepción, toques de queda, desmanes, violaciones de los derechos humanos por las fuerzas policiales y el ejército.
Para apaciguar el malestar social el presidente Sebastián Piñera presentó una agenda social con tibias medidas que hasta ahora no pasan de los anuncios o se quedan muy por debajo de las expectativas de la población, que reclama cambios radicales para el país.
Uno de esas exigencias es la convocatoria a una Asamblea Constituyente y plebiscito que abran el camino a la redacción de una nueva constitución.
Obligados por la fuerte presión social, la coalición de partidos de derecha y algunos de la oposición alcanzaron el viernes último un acuerdo para una nueva Constitución, que significa un paso de avance, pero con limitaciones que no satisfacen a la voz de la calle.
Los detractores de esa iniciativa advierten que el acuerdo fue construido por diputados y políticos de escasa credibilidad sin contar con la opinión del movimiento social, y el mantenimiento de un sistema de votación de dos tercios para lograr acuerdos, que podría obstaculizar los cambios de mayor envergadura.
En consecuencia, Unidad Social, el movimiento que encabeza las protestas populares, así como sindicatos, gremios profesionales y organizaciones estudiantiles y sociales, llamaron a continuar las movilizaciones en las calles para reclamar que el gobierno cumpla con sus demandas.
Las protestas sociales han estado marcadas por la fuerte represión de militares y carabineros contra manifestaciones pacíficas, que ha sido denunciada por entidades nacionales y personalidades internacionales como violaciones flagrantes de los derechos humanos, críticas que el gobierno ha pretendido minimizar.
Sin embargo, las cifras dicen lo contrario: 25 fallecidos, varios de ellos por responsabilidad directa de los uniformados, más de 2 300 heridos (solo en los hospitales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudo visitar), y de ellos alrededor de 230 con graves lesiones oculares por perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas.
También el INDH reportó más de 6 300 detenidos, incluyendo cientos de niños y adolescentes, y son cientos las denuncias y querellas judiciales por detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sexuales.
La crisis política y social que vive Chile mella profundamente la credibilidad del presidente Sebastián Piñera, que apenas tiene 13 por ciento de respaldo a su gestión mientras que casi el 80 por ciento de los chilenos lo rechaza.
Tampoco se salva de la mala valoración su gabinete, a pesar de que el mandatario hizo cambios en ocho ministerios el 28 de octubre, lo que incluyó como elemento más significativo la salida del muy cuestionado ministro del Interior, Andrés Chadwick, y otros miembros del denominado «núcleo duro», remplazados por caras jóvenes. Pero aún así la medida, también provocada por la conmoción social, fue calificada por la gran mayoría como un simple maquillaje que no fue más allá de un cambio de rostros para intentar mantener las mismas políticas.
Un mes después del estallido social detonado por un aumento de los pasajes del metro de Santiago, el desenlace de la crisis sigue siendo incierto, pues en lo inmediato la calle continúa reclamando medidas perentorias y elementales como aumento de salarios y pensiones y mejoras en la salud y la educación públicas, pero las respuestas están en veremos.
A más largo plazo se vislumbra una nueva Constitución que pudiera aportar cambios profundos al país si el movimiento social, cohesionado, logra evitar que su contenido sea mediatizado por quienes desde el gobierno y la derecha anuncian su disposición a «cambiar», para que todo siga igual.
Tomado de Juventud Rebelde
Las imágenes de millones de personas marchando en las calles de Chile, protestando contra las medidas neoliberales del gobierno de Sebastián Piñera, dieron la vuelta del mundo. Pero no fue por las portadas de periódicos como el New York Times. Las manifestaciones multitudinarias y la consecuente represión brutal de las autoridades chilenas, que resultaron en la muerte de al menos 19 personas, se dieron a conocer principalmente por las redes sociales, como Twitter, Facebook y YouTube.
Confieso que soy suscriptora y lectora de la edición impresa del New York Times los siete días de la semana. Y no recuerdo haber visto las manifestaciones en Chile en una sola portada del periódico durante el último mes. Sin embargo, sí recuerdo reportaje tras reportaje en primera plana sobre las protestas anti-gubernamentales en Venezuela durante el último año.
El New York Times ha publicado más de 900 artículos mencionando a Venezuela desde principios de enero del 2019. La mayoría han sido muy críticos contra el gobierno de Maduro, incluyendo editoriales del periódico apoyando la política del cambio de régimen promovido por el gobierno de Trump. El presidente Nicolás Maduro ha sido calificado como un ‘autoritario’, ‘dictador’, ‘tirano’, ‘hombre fuerte’, ‘represivo’ y otras ofensas que intentan desacreditar y debilitar su mandato. Cuando los manifestantes opositores en Venezuela usaron violencia en sus protestas, incluyendo bombas molotov, piedras, armas de fuego y otras formas violentas para agredir a la Guardia Nacional y a la policía, los medios internacionales los tildaron de ‘activistas en pro a la democracia’, ‘pacifistas’ y víctimas de la represión del Estado venezolano.
Veamos unos ejemplos. Un artículo del 23 de octubre del 2019 en el New York Times, sobre las protestas en Chile y el Líbano, mencionó a 15 personas que habían muerto en las protestas (cifra para esa fecha), como si el Estado no fuera responsable. Incluso, el periódico ‘del récord’, como suele llamarse, escribió que “los manifestantes atacaron a fábricas, incendiaron a las estaciones del metro y saquearon los supermercados (…) forzando a Piñera a desplegar tropas en las calles (…) al menos 15 personas resultaron muertas, y un Sr. Piñera claramente perturbado, habló de ‘una guerra contra un enemigo poderoso e implacable’”.
En contraste con la manera tan deferente y favorable como tratan a Piñera (el pobrecito presidente forzado a desplegar tropas contra el pueblo, al cual llama ‘enemigo’), el New York Times casi crucificó al jefe de estado venezolano. El “autoritario” Maduro es responsable por ‘masacres’, ‘violaciones de derechos humanos’, y frente a la crisis en su país ha ‘golpeado duro’ al pueblo, “enviando sus fuerzas de seguridad para aplastar la disidencia con operaciones mortales”.
Piñera llama al pueblo “enemigo” y dice que está en “guerra” contra los manifestantes, y los medios lo tocan con ‘guantes blancos’. Si Maduro habla con el mismo lenguaje, lo llaman un ‘dictador brutal’, un ‘tirano’ que manda con ‘puño de hierro’. Incluso, cuando Piñera abruptamente suspendió la cumbre APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico), que iba a contar con la presencia de Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, medios como el Washington Post echaron la culpa a las protestas. Ni siquiera mencionaron los muertos o la brutal represión a manos de las fuerzas de seguridad chilenas, bajo órdenes de Piñera. De hecho, a pesar de más de una docena de muertos, al menos un millón de manifestantes en las calles y la fuerte represión y violencia del Estado, yo no había visto ni un solo reportaje sobre Chile en los noticieros estadounidenses hasta que Piñera suspendió a la APEC, y eso porque se trataba de una visita de Trump a ese país. Los medios estadounidenses no han pasado ni un reportaje en pantalla sobre marchas de un millón de personas en contra de las medidas neoliberales de Piñera, marchas que fueron brutalmente reprimidas por el Estado, y miles de personas fueron heridas y detenidas.
A cambio, Venezuela ocupó las pantallas de los canales de cable y los noticieros nacionales estadounidenses casi diariamente desde enero hasta junio, con auto-declarados expertos y pseudo analistas declarando la ‘pronta caída’ del régimen de Maduro. Pasaron entrevistas con el líder opositor Juan Guaidó, llamándolo ‘presidente’, aunque no goza de ese título legalmente, y repitieron una y otra vez los lineamientos del Departamento de Estado sobre Venezuela: Maduro es ilegítimo; la gente no lo quiere; la mayoría apoya a Guaidó; Maduro sale pronto; Maduro cae pronto; va a ser mañana; posiblemente hoy; aún no, pero pronto; ahora no se sabe cuándo, pero algún día será. El Departamento de Estado de Trump publicó 167 comunicados sobre Venezuela entre enero y octubre del 2019. Sobre Chile ha publicado 17 en el mismo periodo, y todos mencionan a Venezuela y la postura conjunta en contra de Maduro. Ninguno menciona las protestas en Chile, los manifestantes muertos o la represión del Estado. La hipocresía es tan gruesa que no se la puede tragar.
Otro caso parecido ha sido Ecuador, donde grandes protestas en contra del gobierno de Lenín Moreno han paralizado el país. El debilitado e impopular mandatario ecuatoriano hasta tuvo que mudar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil para no enfrentar las protestas que llegaban hasta el palacio presidencial Carondolet. Moreno, como Piñera, usó tácticas de represión para neutralizar las protestas en su contra. Y como Piñera, tuvo que rendirse frente a las demandas del pueblo y retractar medidas impopulares como la eliminación de un subsidio en el precio de la gasolina. También como Piñera, Moreno impuso un toque de queda en ciertas regiones del país, y ordenó el uso de fuerza contra los manifestantes. Igual al caso de Chile, los medios estadounidenses no publicaron casi nada sobre la crisis en Ecuador y la brutal represión del estado contra el pueblo en rebeldía.
El Departamento de Estado sí tuvo algo que decir sobre las protestas en Ecuador, a diferencia de Chile. El 11 de octubre, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, publicó un comunicado apoyando al presidente Moreno y los “esfuerzos del gobierno de Ecuador para institucionalizar las prácticas democráticas e implementar reformas económicas”. O sea, nada sobre la represión de Estado, la brutalidad contra los manifestantes o su derecho a protestar. De hecho, en su comunicado, Pompeo anuncia: “estamos monitoreando las denuncias sobre actores externos involucrados en las manifestaciones” en Ecuador. Pompeo se estaba refiriendo a las acusaciones sin fundamento de Moreno sobre supuestos vínculos de Maduro y Venezuela con los disturbios en Ecuador. Ni Moreno ni Pompeo presentaron pruebas para evidenciar o fundamentar esas graves acusaciones.
Por su parte, el New York Times no publicó mucho sobre Ecuador y las protestas anti-gubernamentales, con la excepción de algunos artículos favorables al gobierno de Lenín Moreno. Un reportaje del 3 octubre 2019, a comienzos de las protestas, se tituló “Ecuador declara estado de emergencia mientras trabajadores en huelga bloquean las vías”, como si el gobierno fuera forzado a imponer un estado de represión por las protestas en su contra. Aquí cabe mencionar que el gobierno de Maduro no ha impuesto ningún toque de queda (como hicieron en Chile y Ecuador), ni un estado de emergencia, a pesar de los múltiples intentos de golpe de Estado, manifestantes violentas, rebeliones militares y hasta atentados con bombas contra el presidente. Sin embargo, Maduro es el dictador, y Moreno y Piñera son los democráticos.
Finalizo este análisis con una muestra del tono tan distinto en los reportajes del New York Times sobre Ecuador y Venezuela.
El artículo sobre Ecuador termina así: “En una declaración el jueves, el Sr. Moreno denunció las protestas con lenguaje fuerte. ‘A aquellos que quieren imponer un caos como mecanismo para lograr algo, ha acabado su tiempo’, dijo. Agregó que no estaba dispuesto a reconsiderar la eliminación del subsidio de la gasolina: ‘Las medidas que hemos tomado son firmes’, declaró. ‘No hay posibilidad de cambiarlas’. (Semanas después, Moreno tuvo que retractarse y volver a imponer el subsidio)”.
Como pueden leer, el periódico estadounidense presenta a Moreno como un mandatario fuerte, firme y serio. Le dan la palabra final en el reportaje y censuran a sus opositores, quienes son tratados en el artículo como caóticos, violentos e irresponsables.
En contraste, vemos un artículo sobre Venezuela del 30 de enero del 2019, titulado “Maduro utiliza una fuerza especial policial para aplastar la disidencia”, que concluye citando no al presidente venezolano, sino a una opositora: “‘El gobierno te obliga a ser lo que ellos quieren’, dijo la sra. González. ‘Porque si no lo haces, te encarcelarán, o estarías muerto’”.
Como dijo el intelectual estadounidense Noam Chomsky, “la función principal de los medios masivos en Estados Unidos es movilizar el apoyo público para los intereses especiales que dominan al gobierno y el sector privado”.
Washington quiere un cambio de régimen en Venezuela para imponer un gobierno que favorece sus intereses. Ya lo ha logrado en Ecuador y Chile, por eso los medios hacen caso omiso frente a la represión estatal en esos países. Pero cuando se trata de Venezuela, no hay límites de su hipocresía y sus manipulaciones.
Tomado de La Santa Mambisa.
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