Venezuela – Respiración artificial: cuando la guarimba pierde aire, la Fiscal la oxigena

Tomado de MISION VERDAD

En las últimas semanas la agenda violenta de la MUD ha sufrido desgastes que pudieran atribuirse a cansancio entre sus seguidores o vergüenza ante linchamientos, asesinatos a jóvenes y adolescentes desde sus filas en enfrentamientos violentos con cuerpos de seguridad, la Fiscal General ha oxigenado cada uno de esos desmayos.

Debido a que la Asamblea Nacional (AN), de mayoría antichavista, se ha encontrado en desacato desde 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió en marzo pasado las sentencias 155 y 156 para poder mantener la estabilidad de las instituciones y el Estado de Derecho venezolano frente a amenazas internas y externas.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció el 31 de marzo su supuesta inconstitucionalidad y de manera casi simultánea se produjeron cierres de vías en varios puntos de Caracas y alrededores.

La posición de Ortega Díaz generó un impasse que fue resuelto con la convocatoria al Consejo de Defensa de la Nación realizada por el presidente Maduro. La Fiscal, quien provocó que se convocara el Consejo, no estuvo en la reunión, tampoco Julio Borges, presidente de la AN electo en medio de la condición de desacato.

En dicha reunión se decidió exhortar al TSJ a que revisara las sentencias 155 y 156, al día siguiente la Sala Constitucional decidió suprimir los puntos controversiales de las sentencias pero la agenda de violencia fue intensificada por la MUD, se mantuvieron en la exigencia de sanciones a los magistrados de la sala en cuestión, solicitud que el Consejo Moral Republicano declaró “improcedente” debido a que el TSJ aclaró la sentencia con un acto posterior; se desconoce el voto de la Fiscal en la reunión del Consejo Moral.

Ese mismo día fue quemada la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, posteriormente detenidos los autores materiales del hecho quienes confesaron que la orden fue generada desde la dirigencia de Primero Justicia.

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Durante una entrevista para el diario The Wall Street Journal, la Fiscal General condenó los hechos de violencia por parte de efectivos de seguridad del Estado en contra de manifestantes antichavistas, y afirmó que “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”.

El día que en los medios difundían estas declaraciones también las redes sociales mostraban imágenes de Freddy Guevara arengando a encapuchados mientras era asesinado Armando Cañizales (17), joven integrante del Sistema de Orquestas, con una esfera metálica presuntamente disparada desde grupos opositores. No hay detenidos ni responsables imputados por este caso, tampoco se conoce de alguna investigación en curso contra Guevara.

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Las semanas en las que el presidente Maduro convocó a diversos sectores a dialogar sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el antichavismo mantuvo varios focos de violencia en lugares como los Altos Mirandinos y Táchira. A dichas reuniones fueron invitados representantes de los poderes públicos y de diversos sectores como iglesias, empresarios y voceros del poder popular.

Los miembros del Poder Moral, incluida Ortega Díaz, fueron invitados a asistir el jueves 18 de mayo al Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, donde se explicarían las motivaciones, líneas programáticas y los métodos de elección directa, universal y secreta. Después de agradecer al Presidente de la República por la invitación, la Fiscal manifestó en una carta las razones por las cuales decidió no participar en dicha actividad. Una vez entregada y difundida la comunicación por redes y medios, volvieron los llamados a la violencia y a radicalizar aún más las protestas.

Ese sábado, 20 de mayo, el joven Orlando Figuera (21) fue quemado por grupos violentos vinculados con la derecha venezolana durante una manifestación en los alrededores de la plaza Altamira, municipio Chacao, que desde principios de abril venía siendo escenario de violencia y vandalismo. El presidente Maduro ordenó que el joven fuese atendido como correspondía.

Figuera presentaba quemaduras de primero y segundo grado en 80% de su cuerpo y varias heridas por arma blanca. Como es sabido, falleció el pasado domingo 4 de junio. Ante las imágenes de Figuera incendiado hubo un rechazo desde los medios oficiales y silencio de parte de la mediática privada. La Fiscalía relata en su informe que se trató de un ajuste de cuentas aunque la familia de Figuera -incluso él mismo- afirma que fue linchado por ser chavista.

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La Comisión de la ANC se reunió el lunes 22 de mayo con el Defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, para presentarle la propuesta de la iniciativa presidencial. Saab declaró que “la ANC implica que habrá elecciones. Se aspira que sea inclusiva y con gran participación de los venezolanos”.

Al día siguiente, martes 23, el Gobierno activó la segunda fase del Plan Zamora en Barinas tras la confirmación de al menos nueve fallecidos durante manifestaciones. Esta fase, que ya había sido iniciada en Táchira, consistió en el refuerzo de funcionarios, recurso material y equipamiento. El resultado fue que los focos de violencia en ambos estados disminuyeron notablemente.

Ese jueves, la Fiscal General informó que las investigaciones del Ministerio Público habían determinado que Juan Pernalete (20) fue asesinado el 26 de abril por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira y no por una pistola de perno, como indicaron voceros del Gobierno en su momento.

En rueda de prensa, Ortega Díaz mostró un artefacto similar al que, presuntamente, impactó a Pernalete y le produjo un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Agregó que era la primera vez que tocaba un ejemplar de ese tipo, que tienen cinco testigos del hecho y que la Fiscalía realizó el reconocimiento técnico, el acoplamiento del cartucho, la presencia del residuo en la franela de Pernalete con los elementos que lo componen, el análisis químico y las experticias necesarias.

Prometió además que en los próximos días se sabría quién es el responsable directo. Los siguientes días, voceros de la MUD arremetieron continuamente contra el Plan Zamora, sus operadores quemaron camiones y autobuses y mantuvieron el relato de la dictadura mientras por los medios privados convocaban a sitios a los que no les es permitido marchar sin la permisología adecuada.

Ese domingo 28 fue asesinado por linchamiento el teniente (r) de la GNB Danny José Subero, durante una manifestación que acompañaba el cortejo fúnebre de Manuel Sosa, asesinado el anterior jueves 25 en una manifestación en Valle Hondo, estado Lara. En redes y medios se intentó justificar o suavizar el delito afirmando que Subero era supuestamente un “infiltrado”.

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Otro bajón en las convocatorias de la MUD ocurrió los primeros días de junio. La Fiscal solicitó a la Sala Constitucional una aclaratoria de la Sentencia 378, referente a la activación del proceso constituyente. Días después asistió al programa radial de Vladimir Villegas y anunció que el TSJ decidiría quitarle titularidad en la investigación penal al Ministerio Público, además dijo rechazar las manifestaciones violentas y el escrache hacia personeros y exfuncionarios del Gobierno, “pero de igual forma cuando lo ejecutan contra miembros y partidarios de la oposición”. Se desconoce la citación o imputación a alguno de los convocantes a manifestaciones que concluyen en violencia, muertes y daños materiales.

Luego del fallecimiento de Orlando Figuera el domingo 4 de junio y distintos operativos con detenciones e incautaciones, la semana comenzó con baja convocatoria de la MUD.

El 5 de junio, Ortega Díaz recibe en su despacho a una agrupación compuesta de “personalidades” que se hacen llamar Transición Pacífica y Democrática que, según “filtró” El Nacional, se trató de una conversación fructífera: “Por cerca de tres horas, Ortega Díaz y las personalidades compartieron preocupación por el país”. La agrupación, compuesta por ex parlamentarios, ex rectores universitarios, ex ministros (de la Cuarta y la Quinta República), ex académicos y ex periodistas. “El país vive una crisis terminal y esta Constituyente es una amenaza a las instituciones. VTV es, si me permiten la palabra, escatológica”, declaró la Fiscal.

Entre otros temas de discusión, los notables propusieron la designación de un fiscal especial que iniciara un antejuicio de méritos contra el CNE y el Presidente de la República. Toda vez que entregaron un comunicado exhortando a desconocer el llamado a la Constituyente con la creación de un frente “del carácter más amplio posible”. La nota, firmada por Hernán Lugo-Galicia, cita palabras de Ortega: “El día que repartieron el miedo, yo no llegué”.

El miércoles 6 de junio falleció Neomar Lander tras la explosión de un mortero que manipulaba en una manifestación violenta que realizaba con grupos de choque en Chacao, estado Miranda. Voceros antichavistas como Miguel Pizarro, Henrique Capriles y José Manuel Olivares señalaron a los cuerpos de seguridad de haber matado al joven con el lanzamiento directo de una bomba lacrimógena, mientras los resultados de la autopsia señalan que Lander murió por lesiones provocadas por un artificio explosivo.

Al día siguiente, 7 de junio, la Fiscal, a quien la Sala Constitucional no le admitió la solicitud de aclaratoria, dirigió un documento a la Sala Electoral del TSJ para pedirle que anule la ANC, pues, según ella, no cumple con los parámetros constitucionales para que sean realizadas sus elecciones. Además llamó a quienes se oponen a la ANC a movilizarse hasta la sede del TSJ y firmar en apoyo a un recurso que ella introdujo en su contra. Su llamado fue apoyado abiertamente por los mismos voceros que organizan y convocan manifestaciones violentas.

Mientras exigía respeto a sus facultades, la Fiscal hizo una serie de denuncias contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) atacando su autonomía pidiendo “se declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral” sobre el proceso constituyente, y solicitó que se declare nulidad de las bases comiciales, de las postulaciones y de los actos administrativos de la Constituyente. Se desconoce si ha solicitado nulidad de los actos de la AN, aún en desacato.

La Fiscal General ha intervenido como acelerante en la escalada violenta con la cual la MUD insiste en imponer la guerra no convencional, no sólo omitiendo los delitos de dirigentes del antichavismo sino mediante declaraciones que profundizan el relato de Estado fallido, de “amenaza inusual y extraordinaria”, y facilitan el dramático aumento del conflicto, la supresión de las vías políticas y la renovación/validación de la (ultra) violencia callejera.

El 11 de junio, en entrevista en el programa “Diálogo con…” del periodista Carlos Croes, en Televen, Lilian Tintori declaró que “el cambio de Luisa Ortega Díaz lo logramos nosotros”.

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